El proceso judicial que enfrenta Google por prácticas monopolísticas podría desembocar en uno de los mayores giros de guion en la historia de la tecnología. Durante la fase de remedios, o remedial phase, donde se trata de decidir qué medidas deben tomarse para corregir el daño al mercado y restaurar la competencia, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) ha propuesto medidas drásticas, entre ellas, la venta obligatoria del navegador Chrome y del sistema operativo Android.
La sorpresa del juicio llegó con la declaración de Nick Turley, jefe de producto de ChatGPT, quien afirmó que OpenAI estaría interesada en adquirir Chrome si el tribunal impone su desinversión. “Sí, lo haríamos, como muchas otras partes”, aseguró durante su comparecencia, según recoge CRN.
Turley argumentó que Google ha cerrado su ecosistema de búsqueda a posibles competidores —como OpenAI— impidiendo el acceso a sus datos y APIs. ChatGPT, que actualmente integra resultados de Bing, podría mejorar significativamente si tuviera acceso al motor de búsqueda de Google, añadió.
¿Qué implica la posible venta de Chrome para la ciberseguridad?
La desinversión de Chrome —navegador dominante con más del 60 % de cuota de mercado— tendría consecuencias de gran calado. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, surgen interrogantes clave: ¿quién gestionaría la seguridad del navegador? ¿Se mantendrían los ciclos de actualización y parches con el mismo rigor? ¿Cómo se protegerían los datos de navegación y la privacidad del usuario?
Un cambio de manos podría alterar profundamente las políticas de protección frente a amenazas, la gestión de certificados y la implementación de medidas como el sandboxing, esenciales para la seguridad del entorno web actual.
Europa observa con atención (y un marco legal diferente)
Desde Bruselas, el caso se sigue con interés. Aunque la legislación antimonopolio de la UE ya ha impuesto multas significativas a Google, las medidas estructurales como la desinversión siguen siendo insólitas. Sin embargo, el Reglamento de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) están empezando a marcar un camino diferente, donde la interoperabilidad, la transparencia de algoritmos y el acceso equitativo a plataformas son pilares clave.
En este contexto, una eventual fragmentación del ecosistema de Google podría acelerar demandas similares en Europa o abrir el mercado a nuevos actores más alineados con el marco normativo comunitario.
Equilibrio digital
La posible adquisición de Chrome por parte de OpenAI simboliza más que un movimiento empresarial: abre el debate sobre el control de la infraestructura crítica digital. Si los navegadores, motores de búsqueda y sistemas operativos definen hoy la experiencia del usuario, la privacidad y la exposición a riesgos, ¿no debería haber más supervisión y diversidad en su propiedad y gestión?
Más allá del resultado judicial, este caso pone de relieve la necesidad de repensar los equilibrios de poder en el entorno digital, asegurando que el acceso, la innovación y la seguridad no dependan exclusivamente de las decisiones de un puñado de gigantes tecnológicos.
