La soberanía digital ha dejado de limitarse al lugar donde se almacenan los datos para extenderse también a las comunicaciones empresariales. Un estudio elaborado por Retarus en colaboración con Researchscape refleja que esa percepción de control no siempre coincide con la realidad. Aunque el 65% de las empresas españolas de sectores regulados considera que controla sus flujos de correo electrónico, una de cada tres (33%) sigue dependiendo de proveedores con sede fuera de Europa para prestar este servicio.
La soberanía del correo electrónico gana peso, pero muchas empresas españolas siguen dependiendo de proveedores extracomunitarios
Soberanía y autonomía operativa
Los datos muestran que las empresas españolas conceden cada vez más importancia a la soberanía de las comunicaciones. El 94% la considera una prioridad estratégica, cinco puntos por encima de la media europea (89%), y el 100% asegura que este aspecto influye en la elección de sus proveedores, frente al 94% registrado en el conjunto de Europa.
Además, el 88% prevé iniciar durante los próximos 18 meses algún proceso de «geopatriación», trasladando servicios o datos hacia infraestructuras que permitan un mayor control sobre su ubicación y tratamiento. En Europa, esa previsión alcanza el 82%.
Sin embargo, esa creciente preocupación convive con una realidad más compleja. Aunque la mayoría de las organizaciones considera que controla sus comunicaciones, el 58% cree probable que sus datos puedan quedar expuestos a leyes extraterritoriales debido a la dependencia de proveedores extranjeros.
El informe también pone de manifiesto que muchas empresas siguen teniendo dificultades para gestionar de forma independiente sus servicios de correo electrónico. Sólo el 55% afirma poder aplicar de manera autónoma sus políticas y procesos, frente al 61% de la media europea.
La dependencia del proveedor también se aprecia en la gestión de las cuentas. Apenas el 39% de las organizaciones españolas asegura que podría administrarlas o migrarlas sin apoyo externo, una situación que, según el estudio, limita el control operativo y dificulta la adaptación de las infraestructuras a nuevos requisitos regulatorios o de negocio.
El cumplimiento normativo exige mayor capacidad de auditoría
El nuevo marco regulatorio también está elevando las exigencias sobre la trazabilidad y la capacidad de generar evidencias de cumplimiento. En este contexto, el 94% de las empresas españolas considera esencial recibir información completa y transparente por parte de sus proveedores para responder a auditorías y demostrar el cumplimiento de normativas como NIS2 o DORA.
Sin embargo, sólo el 35% afirma estar completamente preparada para atender de forma inmediata una solicitud de auditoría, un porcentaje inferior al 41% registrado en el conjunto de Europa.
Yeray Fraga, director general de Retarus España, considera que las organizaciones deben analizar con mayor profundidad aspectos como la dependencia tecnológica, el riesgo jurídico, la capacidad de auditoría o el control operativo real de sus comunicaciones. A su juicio, identificar estas dependencias permitirá reducir puntos ciegos y avanzar hacia un mayor control sobre uno de los servicios más críticos para la actividad empresarial.
